La decisión del PAN de no hacer alianza electoral con el PRD para los comicios del Estado de México implica que Coahuila -entidad hermana de Nuevo León-, sea el destino de los apoyos del panismo regiomontano para fortalecer a sus candidatos en los próximos meses, especialmente hacia José Guillermo Anaya Llamas, quien tiene amarrada la nominación al gobierno del Estado.
Tanto la Neocúpula como la vieja guardia y el llamado Grupo San Nicolás, estuvieron muy activos en el 2016 para apoyar a sus hermanos tamaulipecos en la pasada elección de aquella entidad, pues saben que sumando esfuerzos y recursos pueden lograr que los priistas como todo y su muy probable candidato, Miguel Riquelme, sean derrotados en las urnas.
En el PAN saben que tienen muchas posibilidades de lograr una importante victoria en Coahuila, dar una fuerte pelea en el Estado de México e incluso obtener más alcaldías en las elecciones intermedias de Veracruz y Nayarit.
Es por eso que los panistas aplicaron muy bien aquella máxima de “mas vale solo…”.
Lo interesante es ver cuántos albiazules neoloneses se aparecen por los “cuartos de guerra” de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y el resto de los municipios de importancia en las próximas elecciones estatales de aquellos rumbos. Doble contra sencillo que no van a ser solamente dos.
DELITOS Y DISLATES
“El desconocimiento de la ley no exime de su aplicación y mucho menos de sus sanciones”, refiere una de las máximas de los principios jurídicos. Y eso es válido tanto en México como en el mundo.
La reflexión viene al caso por la actitud asumida por el vocero de Seguridad del gobierno de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, quien el día de la tragedia en el Colegio Americano del Noreste, incurrió en la misma falta que le atribuyó a algunos medios de comunicación y usuarios de las redes sociales quienes divulgaron las fotografías de los heridos y el video de la cámara de seguridad interna.
A unas horas de ocurridos los hechos, el ex subprocurador se plantó ante los reporteros para regañarlos por su ligereza al publicar en sus portales de Internet las fotos y el video, mismos que no pudieron haber sido tomados por alguien distinto a los socorristas, agentes ministeriales o maestros de la misma escuela.
Alegando la violación de diversas disposiciones penales como el sigilo, el respeto a la identidad de las víctimas y -sobre todo-, la protección a los menores de edad, Fasci Zuazua amenazó que algunos que publicaron estas imágenes podrían ser objeto de sanciones penales.
Sin embargo quien pretendió ser candidato independiente a la alcaldía de Monterrey fue vencido por su propio protagonismo, ya que de nuevo frente a las cámaras de televisión, recitó los nombres, apellidos y edades de los involucrados en el caso, rompiendo todo sigilo y violando los derechos a la privacidad de los lesionados.
De nada valió que al siguiente día en diversas entrevistas radiofónicas, de televisión y para algunos medios impresos, Aldo Fasci se haya disculpado con los familiares y con el público por su desliz.
Este lamentable incidente además de dejar mal parado al vocero demuestra la vulnerabilidad de la sociedad ante las redes sociales, pues esas imágenes que todos andan comentando fueron tomadas y distribuidas precisamente por quienes se supone son la autoridad, y eso nadie lo está diciendo.
Es cierto, los medios que publicaron las fotos como el video corrigieron su error horas después de la balacera en el aula, pero eso no borra que existan funcionarios públicos que no dudan en usar a los medios para cambiar, tergiversar o controlar el resultado de las investigaciones.
Pareciera que en cada sexenio un incidente criminal tatúa su firma en la administración en turno.
Ahí esta en la historia de la toma de rehenes en el penal del Topo Chico en 1980 durante el sexenio de Alfonso Martínez Domínguez, que culminó con la muerte del entonces director Alfonso Domené Flor Milán y la de plagiarios, acribillados por la policía.
El incidente fue retransmitido -no había señal en vivo y menos Facebook Live-, por Televisa Monterrey y el gobierno acusó a la empresa de manipular y alterar a la sociedad regiomontana, que aún no estaba preparada para esos actos de violencia.
Durante la gestión de Jorge Treviño saltó a la luz publica a través de El Norte el caso del llamado “Chacal de la Colonia Talleres”, quien por una torpeza de la Procuraduría de Justicia no fue investigado y procesado hasta después que el escándalo en los medios era imparable. En ese entonces la autoridad volvió a acusó a la prensa de manipular y sobredimensionar el hecho.
En el gobierno de Sócrates Rizzo García ocurrieron dos casos en los que la prensa también fue culpada de manipular los hechos: Fue el caso del homicidio del menor Hernán Marcelo Villarreal Urrutia, hijo del doctor Gustavo Villarreal de la Fuente, quien fue secuestrado en Guadalupe y su cuerpo abandonado en una noria en Linares.
La Procuraduría de Justicia acusó a los medios de publicitar el plagio originando la muerte del menor pese a que se pagó el rescate.
En esa época también se dio el homicidio de la familia Aguillón, un crimen pasional con robo de vehículo, en el cual un matrimonio y su pequeño hijo de menos de un año fueron acuchillados. La fotografía del bebé sin vida recostado sobre la cama de sus padres, tomada por los agentes investigadores, fue filtrada a la prensa y sólo el Extra de la Tarde del grupo Multimedios decidió publicarla. Obvio, se acusó a la prensa de amarillista, morbosa y falta de ética pero nada más paso.
Ahí está también el caso de Julio Castrilón, durante el gobierno del panista Fernando Canales, mismo que salpicó a su administración debido a los errores cometidos en el proceso. De nueva cuenta los medios fueron los villanos.
El común denominado es que no obstante los periodistas fueron señalados como los responsables de interferir en estas indagatorias, no hubo sanciones en contra de nadie y los errores cometidos por la autoridad, fueron aprovechados por los abogados defensores de los presuntos culpables.