Dos capítulos más…
Lanzados los dados sobre la mesa, el tema de la investigación en contra de amigos, compadres, y familiares del exgobernador Rodrigo Medina aún permanece bajo el sigilo que le obliga la nueva Ley de Justicia Penal, y hasta ahora, aunque los tienen, no los harán públicos para no entorpecer las investigaciones.
Esta nueva Ley entró en vigor el pasado sábado 19 de junio, luego de publicarse el viernes 18 en el Diario Oficial de la Federación y con esta nueva ley se pretende sentar las bases para la aplicación de un nuevo sistema de justicia en el país.
Por ahora, solo algunos exfuncionarios están siendo llamados para declarar y ofrecer su versión en torno a los hechos.
De entrada, la SubProcuraduría Anticrrupción que encabeza Ernesto Canales ya dio a conocer que aseguró las propiedades de algunos de los señalados.
Pero aún queda mucha tela de donde cortar para la fiscalía que encabeza Aldo Fasci Zuazua.
El anuncio de los montos del erario afectado, los nombres de los primeros indiciados y el aseguramiento de los bienes, calmó un tanto las aguas y el ánimo de la ciudadanía que clamaba una acción para llevar ante un juez a los acusados de la corrupción evidente que se dio en la administración anterior y que rebasa el monto de los 6 mil millones de pesos.
Falta por revelarse los nombres de los socios y amigos de la familia Medina, así como el nombre de los propietarios de las inmobilarias y constructoras e instituciones bancarias participantes en las maniobras que llevaron al afectar el patrimonio del Estado, así como de los funcionarios que facilitaron dichos enjuagues o sencillamente pecaron de omisión, a sabiendas de que había manejos irregulares en esas transacciones.
La compra de los terrenos de Pesquería a precio de ganga y vendidos al Estado a precio de fraccionamiento residencial en zona privilegiada, así como los participantes en los trabajos de compactación de esos terrenos y la asignación de obra.
La investigación también trae aparejado el otorgamiento de la obra de construcción en los terrenos que luego ocuparía KIA y donde aparece involucrado el dueño de una constructora que facilitara un Lear Jet en más de 30 ocasiones al gobernador Medina, mientras hacía el trabajo en los terrenos de Pesquería, cobrando el doble de lo que normalmente debería cobrarse por ello.
Falta ver el nombre de los dueños de las instituciones bancarias que participaron en la integración de un fideicomiso de Fidecitrus para cometer un fraude millonario a través del mismo.
Ese fideicomiso autorizaba al Estado a pagar impuestos a particulares, así como autorizar la construcción de obras, pese a que hubiese conflictos de intereses de por medio.
En el Consejo Estatal de Promoción a la Inversión, la investigación arroja que se signaron obra de beneficio para particulares y que se adquirieron propiedades a sobreprecio, sin concursar, afectando el patrimonio de Nuevo León por el orden de los 2 mil millones de pesos.
Funcionarios del Consejo de Administración del Sistema de Caminos de Nuevo León y sus integrantes también tendrán que responder por obras realizadas y que beneficiaron a familiares del exgobernador Medina.
Ahora…
Decíamos que la raza, esa misma que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, afirma que es la que paga y la que manda, ya estaba al borde de la desesperación porque no veía claro.
Lanzada la bengala que arrojó luz sobre ese tema oscuro de la corrupción en el Medinato, habrá que esperar dos capítulos más para conocer el desenlace de la novela.
Faltan dos capítulos importantes por escribirse.
El primero, habla sobre la meticulosa investigación y recopilación de pruebas por parte de la fiscalía y que solventen los señalamientos en una forma tan sólida que no le deje al juez opción ni resquicio alguno para que se escapen los señalados, y…
Dos: que exista la voluntad política suficiente de estrenar ese nuevo Sistema de Justicia Penal y que el juez en verdad mande tras las rejas a los acusados.
¿Cuánto tiempo les llevará esto?. No lo sabemos.
Lo que sí sabemos es que dependerá del resultado de la investigación el éxito o fracaso de lo que pretende el “El Bronco” para el 2018.
Nada más faltaría que argucias legales, una averiguación mal integrada o un juez “a modo” deje escapar la liebre.
La gente volverá a creer, hasta que los que deben pisar la cárcel lleguen ahí y se queden dentro por muchos años.
Mientras tanto, la gente espera ansiosa el desenlace de la novela y ver a una caterva de bandidos saliendo de la fiesta para seguir el “after”… pero en Topo Chico.