No cabe duda que Monterrey será el epicentro de la mayor batalla electoral que se haya visto en los últimos años, con un Movimiento Ciudadano que se ha decidido por la ofensiva contra su principal contrincante: Adrián de la Garza Santos, abanderado del PRI-PAN-PRD.
No han pasado ni dos semanas del arranque de la etapa del proselitismo e integrantes de MC como Glen Zambrano, candidato a diputado en San Nicolás pero quien justifica meterse en temas de Monterrey como vocero del partido en la entidad, exhibieron un par de videos con los que, aseguran, se revela la corrupción que presuntamente existió durante la administración de Adrián.
Para esta presentación contaron con el apoyo de Miguel Meza, a quien identificaron como experto en temas de combate a la corrupción.
Durante la conferencia, Meza dijo que así como estos videos, hay mucho más material que van a presentar semana a semana (tipo radionovela) hasta el día de la elección.
El problema de esta primer exposición es que ni Meza ni Zambrano pudieron explicar de dónde fue que sacaron estos videos grabados por las cámaras de vigilancia del Palacio Municipal de Monterrey allá en 2021.
La duda es válida, pues ellos mismos dijeron que los hechos que se muestran en las grabaciones fueron denunciados “a inicios del 2022” ante la Fiscalía Anticorrupción encabezada por Javier Garza y Garza, al que acusaron de “haber congelado la acusación”.
El asunto es: si la denuncia fue interpuesta por el Ayuntamiento de Monterrey (como la lógica lo señala) ¿cómo es que Meza y Zambrano obtuvieron estas grabaciones que, se supone, forman parte de la carpeta de investigación?
Es obvio que la Fiscalía no se los dio… lo que deja como única opción que alguien dentro del Municipio de Monterrey (de extracción emecista), le filtró estos videos a Meza y Zambrano para golpetear políticamente a Adrián.
Esto es muy relevante, pues hace semanas fuentes al interior del Ayuntamiento regiomontano revelaron que algunos personajes dentro de MC estuvieron presionando, al menos en tres ocasiones, al entonces alcalde, Luis Donaldo Colosio Riojas, para que les filtrara información sobre supuestos actos de corrupción durante la gestión de Adrián.
Según las fuentes, la respuesta de Colosio siempre fue la misma: no, porque no iba a entrar al golpeteo político.
Entonces, si el entonces alcalde y hoy candidato al Senado de la República se negó a dotar de municiones a MC para golpetear a Adrián: ¿quién de su equipo traicionó su confianza y le llevó los videos a Meza y Zambrano?
La duda es válida y las connotaciones que conlleva son preocupantes.
Mientras esto sucede, Adrián de la Garza ha optado por ignorar los ataques que identifica como “guerra sucia” y en repetidas ocasiones ha explicado que prefiere centrarse en sus recorridos por los sectores de la capital de Nuevo León donde la gente le ha estado exponiendo los problemas que se viven en la ciudad.
Esta estrategia denota que Adrián aprendió de sus errores, pues en la pasada campaña pagó muy caro el haber presentado unos videos donde aparecía el hoy gobernador Samuel García, en este entonces un niño, en una fiesta donde había algunas personajes de cuestionables antecedentes.
Eso, y el haber mostrado otras grabaciones donde se mostraba a la entonces candidata a la gubernatura Clara Luz Flores con otros personajes nada presentables, le cobró factura a Adrián entre los electores, un error que seguramente no quiere volver a cometer hoy.
En otros asuntos, el tema de la sucesión en la dirección de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL ha tomado un giro muy interesante, pues de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Mario Rojo estaría imposibilitado para ocupar la este cargo, luego de la sentencia de un juez en su contra por un proceso penal que se le sigue por los delitos de Amenazas y Discriminación.
Fuentes consultadas revelaron que según el Artículo 31, Sección II del Capítulo V de la Ley Orgánica de la UANL, para ser director de una facultad se requiere: “ser de reconocida moralidad profesional”.
En el caso de Rojo, esto quedaría invalidado con la determinación de la juez Magda Lisseth Castillo Betancourt, encargada de seguir la carpeta judicial 21320/2023 en contra del coordinador de la FCC.
De acuerdo al acta de la Audiencia de la Etapa Intermedia, celebrada el pasado 10 de abril y a la que se tuvo acceso, la juez ordenó a Rojo residir en el lugar que proporcionó ante el Tribunal, no frecuentar o acercarse a la víctima que lo acusó, someterse a tratamiento médico o psicológico y someterse a la vigilancia que determine el Juez de control.
Además, tiene que pagar una reparación del daño que asciende a 53 mil 200 pesos, equivalentes a 43 mil 200 por concepto a terapia preventiva a la víctima, 7 mil 500 pesos por los pagos de las quincenas que no le fueron depositadas y 2 mil 500 por concepto de traslados al tratamiento psicológico.
El juez ordenó a Rojo entregar estos recursos en un plazo no mayor a tres días contados a partir del día de la sentencia mediante certificado de depósito además de aceptar que generó un daño.
Con esta determinación queda acreditado que Rojo no cuenta con reconocida moralidad profesional como lo ordena la Ley Orgánica de la UANL, con lo que queda descartado para poder ocupar la dirección de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
