Conforme pasen las semanas y los meses habrá que estar muy al pendiente de cuál será la respuesta ciudadana para denunciar casos de corrupción tras la integración de una fiscalía sobre ese tema en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, el pasado lunes 14 de diciembre.
Porque al día siguiente -alrededor de las 11:30 horas- apenas dos casos había recibido Adriana Quiroz, la nueva funcionaria encargada de atender al ciudadano dentro de la recién nacida Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por Ernesto Canales Santos.
Hay que aclarar que las denuncias también pueden ser a través de una llamada telefónica, para las personas que no puedan acudir a la planta baja del Palacio de Gobierno donde despacha el zar anticorrupción.
Ante las buenas intenciones de “El Bronco” de que enfrentarán la justicia los ex funcionarios del gobierno y municipios que llevaron a la quiebra financiera a Nuevo León, ahora hay que esperar si el primer pez que caiga a la cárcel será gordo o flaco.
Grata sorpresa, aunque se atoren los tamales y el pavo en la garganta en la cena de Navidad y Año Nuevo, sería la detención de los primeros que se pasaron de listos en el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz y alcaldes salientes.
JUBILADOS 1 GOBIERNO 0
Aunque sin tanta alharaca, un grupo de jubilados del Gobierno de Nuevo León y de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lograron ganarle la partida a las autoridades estatales y cobraron ya un bono de mil 500 pesos este diciembre.
Este bono del jubilado, como se etiqueta en las partidas que entrega el Isssteleon, se aprobó desde fines del sexenio de Natividad González Parás y de manera religiosa se entregaba cada diciembre a sus beneficiarios.
Pero ¡oh, sorpresa!, a mediados del mes de noviembre se les informó que el apoyo económico, que era adicional a su pensión o jubilación, sería cancelada por disposiciones del consejo de administración del organismo con la venia del tesorero estatal.
Armados hasta los dientes con bastones y andaderas, sillas de ruedas y su beligerancia, en cuando menos tres ocasiones estas personas de la tercera edad se apersonaron en las escalinatas del Palacio de Gobierno y a todo pulmón, y con argumentos válidos y legales, ya que el bono del jubilado fue aprobado por el Consejo de Administración, lograron recuperarlo y, no sólo eso, sino que consiguieron el compromiso de Rodríguez Calderón de que no habría marcha atrás en los años venideros.
SIN LLENADERA
Por cierto, el Instituto de Seguridad Social al servicio de los Trabajadores del Estado, Isssteleón, como se llama este organismo, es un verdadero barril sin fondo, ya que fue hasta las primeras semanas del nuevo gobierno estatal se detectó un adeudo de 760 millones de pesos a proveedores, herencia del ex gobernador Medina de la Cruz, y que no informó a su sucesor.
Este pasivo de no ser liquidado en este diciembre, impediría contratar a otras empresas proveedoras, y obligaría a que el Isssteleón siga pagándoles a las empresas Axxa, Médics y AR Médica por un periodo más.
Según sus números, el Isssteleón cuenta actualmente con 30 mil 500 usuarios L y 16 mil jubilados, sin embargo cada uno cuenta en promedio, por lo menos con dos dependientes, y por cada paciente registrado el organismo paga mil 700 pesos ante los proveedores del servicio médico.
Y ahí no acaba: el Estado tiene una deuda de 28 mil millones de pesos para los próximos seis años por concepto de pago a jubilados y pensionados.
POSIBLE MADRUGUETE CON LAS TARIFAS
Ya casi termina el año y aún el consejo del transporte y la agencia estatal que regula este sistema público no definen cuál será, si es que se autoriza, el incremento a las tarifas de camiones urbanos, ecovía, taxis y el Metro.
Esperemos que la decisión no se tomé aprovechando las fiestas decembrinas, mediante un madruguete, en lo oscurito y durante la resaca, cruda o borrachera vil de los usuarios, y se amanezca el 1 de enero con nuevos precios del transporte público como ocurrió en años anteriores.
La mayoría de la población, algo así como 3 millones de nuevoleoneses, la mayoría de ellos en la zona conurbada de Monterrey, ha gozado desde fines del 2013 de tarifas camioneras prácticamente congeladas, gracias en gran medida a una medida populista del ex gobernador Rodrigo Medina, quien en vísperas de las elecciones para designar a su sucesor optó por parar estos incrementos.
Sin embargo esta acción que pareciera loable tuvo trampas que ya se verán en los próximos años: permisionarios y concesionarios del transporte de pasajeros lograron indexar mes a mes en el boleto, el costo del diesel y refacciones, a cambio de que se les permitiera mantener en circulación vehículos viejos o chatarras, en lugar de tener unidades nuevas.
Y AL FINAL, LA RAZA NO PAGA
Si es de sabios reconocer el error, es de políticos sensibles el recular cuando las cosas no les salen como lo planearon.
Aunque no fue rápido entender que cargar la mano a los contribuyentes sería tan contraproducente y suicida, como aventarse la ocurrencia de saltar de un avión sin paracaídas, la decisión de “El Bronco” de cancelar le verificación vehicular para el 2016 es una acción plausible.
Pero uno no llega a entender cómo es que algún funcionario o asesor financiero pueda creer que la población está dispuesta al sacrificio económico para solventar baches económicos generados por la pésima administración de Rodrigo Medina, basado sólo en la aceptación y confianza que un gobernante popular genera.
Si ya se habría librado con inteligencia –y mano izquierda con los diputados de todas las fracciones-, el renegociar la implementación de la tenencia vehicular, la sola ocurrencia de meter un esquema de cobros a todos los propietarios de vehículos automotores, causó más daños a la imagen y confianza a la actual administración como nunca se lo imaginaron.
Por ello es que el equipo de asesores financieros del gobernador Rodríguez Calderón optó por cancelar la aplicación del control vehicular para el 2016 considerando posible su implementación en el 2017.
Después de casi un mes de estiras y aflojas, de propuestas y contrapropuestas, de afirmaciones y negaciones de que la medida no es recaudatoria sino que traería beneficios para el medio ambiente, y ante una postura harto belicosa de algunos diputados del PRI y PAN, el cobro fue retirado por fin de la propuesta de paquete fiscal que deberá aprobar el Congreso del Estado.
Eso sí, los legisladores cedieron en lo que antes consideraban inamovible: le autorizarán en el 2016 al gobierno central el poder endeudarse hasta por 3 mil 800 millones, esto es, hasta un 3 por ciento de su presupuesto que asciende a 77 mil millones de pesos.
Por primera vez se estableció un techo o tope financiero, evitando así que como ocurrió en las administraciones priistas, el gobernador y el tesorero se fuera al baño, o séase, abusaran y se endeudarán o más bien, endeudaran a los nuevoleoneses.
El alcalde de Apodaca, Óscar Cantú García, ordenó realizar una investigación interna en contra del inspector de Comercio Informal, Eldifonso Alanís Sánchez, supuesto dueño de la empresa Corporativo Radio Tel and Publishing, S.A de C.V. que recibió casi 58 millones de pesos de los gobiernos de Natividad González Parás y Medina de la Cruz.
De acuerdo con el alcalde, será el Departamento Jurídico el que determine lo que proceda contra el empleado quien en entrevista con Hora Cero en su momento aceptó fue utilizado por el ex director de Comunicación del Municipio, Daniel de León Guzmán para servir como prestanombres de la compañía.