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Sigue corriendo sangre
Por: Redacción
Hace tres años, en noviembre de 2006, cuando los alcaldes del área metropolitana de Monterrey todavía no cumplían un mes en sus cargos, el crimen organizado les mandó un mensaje muy claro...
El 23 de noviembre Baltazar Gómez Trejo, secretario de Seguridad del municipio de Santa Catarina, fue ejecutado cuando se encontraba tomando un café con un regidor en una tienda de conveniencia.
Ahora, el 4 de noviembre del año en curso, a eso de las seis de la tarde, el general Juan Arturo Esparza García y cuatro escoltas resultaron muertos en una de las principales calles del municipio de García.
Mensajes similares en tiempo parecidos...
Esparza García había tomado su cargo apenas el sábado pasado. Minutos antes del asesinato, un convoy de camionetas llegaron a la casa del alcalde José Rodríguez Calderón y le mandaron el recado de que se alineara o pagaría las consecuencias.
Tras el enfrentamiento, policías estatales y militares tomaron el mando de la seguridad de la cabecera municipal.
Todo esto pasa justo cuando el gobernador priista. Rodrigo Medina de la Cruz, cumple apenas un mes en su puesto mismo que dijo defendería "con mi vida".
El mandatario dio una conferencia de prensa la tres horas después del atentado para decirle a todos los alcaldes de Nuevo León que contaban con su apoyo para hacerle frente a esta contingencia.
Mandó policías estatales para hacerse cargo del municipio y también llegaron elementos militares para resguardar el orden y detener a policías municipales para tomarles declaración.

RUMOR EN ESCOBEDO
La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, desmintió que Fernando Castillo hubiera recibido amenazas del crimen organizado y renunciado hace unos días al puesto de Seguridad Pública.
Refirió que Castillo fue designado encargado del despacho, no titular de la dependencia, ante la versión de que dimitió tras recibir intimidaciones vía un familiar para que dejara de hacer cambios en la corporación municipal.
Desde hace unos días, el general Hermenegildo Lara Cruz es el jefe de Seguridad Pública en este municipio metropolitano.
"Nosotros lo invitamos a él como encargado de la oficina de seguridad, como fue un compromiso con todos los demás municipios, en lo que se tenían los resultados y se tomaban las decisiones requeridas, nosotros lo nombramos como encargado y el día de ayer presentamos al secretario de seguridad", detalló a los medios de comunicación.
Fernando Castillo Sauceda, abogado de profesión, será parte de la administración 2009-2012 de Escobedo en otro puesto, presumiblemente la Dirección Jurídica, aunque esta posibilidad no se había concretado.

EL CASO MAURICIO
El pasado 31 de octubre en San Pedro Garza García, el alcalde Mauricio Fernández inició su discurso de toma de posesión informando que en México habían ultimado a balazos a uno de los secuestradores más buscados de Nuevo León.
Fernández citó al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz como la personas que le confirmó la muerte de Héctor "El Negro" Saldaña y otras tres personas, que fueron encontradas en el Distrito Federal en un auto con placas de Nuevo León.
Cuatro días después, Medina de la Cruz negó que haya dado esa información al nuevo edil de San Pedro.
Las declaraciones de Mauricio Fernández tomaron caracter nacional porque habló que haría frente a la delincuencia con sus propios recursos e incluso extralimitando sus alcances jurídicos.
Habló de grupos de inteligencia y de "limpieza" y afirmó que todos los alcaldes del país se "hacían bueyes" y se lavaban las manos al decir que no les competía la lucha contra el crimen organizado.
Mauricio Fernández está muy ligado también al municipio de García, donde tiene propiedades y ha impulsado la cultura y las artes.

TRES AÑOS... CUATRO SECRETARIOS
La muerte de cuatro secretarios de Seguridad, el asesinato del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, de un juez penal, y en general de funcionarios que han aceptado el reto de participar en la lucha contra el crimen organizado se han registrado desde 2006.
Asimismo van 40 policías estatales y municipales además de 11 soldados asesinados en ese lapso.
El homicidio en menos de una hora de los secretarios de Seguridad Pública de los municipios de San Pedro Garza García y de Sabinas Hidalgo el 13 de febrero de 2006 dio inicio a un reto frontal contra las autoridades por parte del narcotráfico.
Ese mismo año -pero siete meses después- la ejecución del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Marcelo Garza y Garza, confirmó que el reto estaba en la mesa, el crimen organizado no se detendría por extender sus dominios.
La noche del 5 de septiembre Garza y Garza fue ejecutado en la parte exterior de un templo religioso ubicado en el municipio que durante muchos años fue considerado el más seguro de México.
El 12 de septiembre el director de la Policía Municipal de Linares cayó víctima de las ráfagas del narcotráfico.
Enrique Barrera Nevares fue asesinado por un comando armado cuando salía de su domicilio y se dirigía a la comandancia municipal para despachar como todos los días.
El 23 de noviembre Baltazar Gómez Trejo, secretario de Seguridad del municipio de Santa Catarina, fue ejecutado cuando se encontraba tomando un café con un regidor en una tienda de conveniencia.
Este homicidio puso en el escenario el nivel de decisión que tenían los criminales para agredir a los funcionarios que se ponían en el camino; la tesis de las autoridades ubican que en aquella ocasión el regidor no tenía nada que ver en el ajuste de cuentas.
Enrique Buentello Corpus, secretario de Vialidad y Tránsito de este mismo municipio, fue ejecutado la mañana del 21 de mayo de 2007 cuando salía de su domicilio y se dirigía a la sede policial donde entendería asuntos relacionados a policías investigados por autoridades federales.
Otro elemento del esquema de seguridad que fue ejecutado por sus acciones en contra del crimen organizado fue el juez tercero de lo penal Ernesto Palacios López, quien el 21 de enero del 2008 fue ejecutado en los límites de los municipios de San Nicolás y Monterrey cuando regresaba a su domicilio.
Del año 2006 a la fecha se han ejecutado en la entidad poco más de 46 elementos de seguridad entre secretarios, directores, policías ministeriales y en general participantes en el combate a la delincuencia organizada.
La etapa más crítica de esta guerra se vivió en el año 2007 cuando 31 policías fueron asesinados por su relación con actividades de la delincuencia organizada.
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  ::  No.113  ::  0 Edición  ::  Septiembre 2009   
  
 
 
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Sigue corriendo sangre
Por: Redacción

La muerte del secretario de Seguridad Pública de García,






Hace tres años, en noviembre de 2006, cuando los alcaldes del área metropolitana de Monterrey todavía no cumplían un mes en sus cargos, el crimen organizado les mandó un mensaje muy claro...
El 23 de noviembre Baltazar Gómez Trejo, secretario de Seguridad del municipio de Santa Catarina, fue ejecutado cuando se encontraba tomando un café con un regidor en una tienda de conveniencia.
Ahora, el 4 de noviembre del año en curso, a eso de las seis de la tarde, el general Juan Arturo Esparza García y cuatro escoltas resultaron muertos en una de las principales calles del municipio de García.
Mensajes similares en tiempo parecidos...
Esparza García había tomado su cargo apenas el sábado pasado. Minutos antes del asesinato, un convoy de camionetas llegaron a la casa del alcalde José Rodríguez Calderón y le mandaron el recado de que se alineara o pagaría las consecuencias.
Tras el enfrentamiento, policías estatales y militares tomaron el mando de la seguridad de la cabecera municipal.
Todo esto pasa justo cuando el gobernador priista. Rodrigo Medina de la Cruz, cumple apenas un mes en su puesto mismo que dijo defendería "con mi vida".
El mandatario dio una conferencia de prensa la tres horas después del atentado para decirle a todos los alcaldes de Nuevo León que contaban con su apoyo para hacerle frente a esta contingencia.
Mandó policías estatales para hacerse cargo del municipio y también llegaron elementos militares para resguardar el orden y detener a policías municipales para tomarles declaración.

RUMOR EN ESCOBEDO
La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, desmintió que Fernando Castillo hubiera recibido amenazas del crimen organizado y renunciado hace unos días al puesto de Seguridad Pública.
Refirió que Castillo fue designado encargado del despacho, no titular de la dependencia, ante la versión de que dimitió tras recibir intimidaciones vía un familiar para que dejara de hacer cambios en la corporación municipal.
Desde hace unos días, el general Hermenegildo Lara Cruz es el jefe de Seguridad Pública en este municipio metropolitano.
"Nosotros lo invitamos a él como encargado de la oficina de seguridad, como fue un compromiso con todos los demás municipios, en lo que se tenían los resultados y se tomaban las decisiones requeridas, nosotros lo nombramos como encargado y el día de ayer presentamos al secretario de seguridad", detalló a los medios de comunicación.
Fernando Castillo Sauceda, abogado de profesión, será parte de la administración 2009-2012 de Escobedo en otro puesto, presumiblemente la Dirección Jurídica, aunque esta posibilidad no se había concretado.

EL CASO MAURICIO
El pasado 31 de octubre en San Pedro Garza García, el alcalde Mauricio Fernández inició su discurso de toma de posesión informando que en México habían ultimado a balazos a uno de los secuestradores más buscados de Nuevo León.
Fernández citó al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz como la personas que le confirmó la muerte de Héctor "El Negro" Saldaña y otras tres personas, que fueron encontradas en el Distrito Federal en un auto con placas de Nuevo León.
Cuatro días después, Medina de la Cruz negó que haya dado esa información al nuevo edil de San Pedro.
Las declaraciones de Mauricio Fernández tomaron caracter nacional porque habló que haría frente a la delincuencia con sus propios recursos e incluso extralimitando sus alcances jurídicos.
Habló de grupos de inteligencia y de "limpieza" y afirmó que todos los alcaldes del país se "hacían bueyes" y se lavaban las manos al decir que no les competía la lucha contra el crimen organizado.
Mauricio Fernández está muy ligado también al municipio de García, donde tiene propiedades y ha impulsado la cultura y las artes.

TRES AÑOS... CUATRO SECRETARIOS
La muerte de cuatro secretarios de Seguridad, el asesinato del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, de un juez penal, y en general de funcionarios que han aceptado el reto de participar en la lucha contra el crimen organizado se han registrado desde 2006.
Asimismo van 40 policías estatales y municipales además de 11 soldados asesinados en ese lapso.
El homicidio en menos de una hora de los secretarios de Seguridad Pública de los municipios de San Pedro Garza García y de Sabinas Hidalgo el 13 de febrero de 2006 dio inicio a un reto frontal contra las autoridades por parte del narcotráfico.
Ese mismo año -pero siete meses después- la ejecución del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Marcelo Garza y Garza, confirmó que el reto estaba en la mesa, el crimen organizado no se detendría por extender sus dominios.
La noche del 5 de septiembre Garza y Garza fue ejecutado en la parte exterior de un templo religioso ubicado en el municipio que durante muchos años fue considerado el más seguro de México.
El 12 de septiembre el director de la Policía Municipal de Linares cayó víctima de las ráfagas del narcotráfico.
Enrique Barrera Nevares fue asesinado por un comando armado cuando salía de su domicilio y se dirigía a la comandancia municipal para despachar como todos los días.
El 23 de noviembre Baltazar Gómez Trejo, secretario de Seguridad del municipio de Santa Catarina, fue ejecutado cuando se encontraba tomando un café con un regidor en una tienda de conveniencia.
Este homicidio puso en el escenario el nivel de decisión que tenían los criminales para agredir a los funcionarios que se ponían en el camino; la tesis de las autoridades ubican que en aquella ocasión el regidor no tenía nada que ver en el ajuste de cuentas.
Enrique Buentello Corpus, secretario de Vialidad y Tránsito de este mismo municipio, fue ejecutado la mañana del 21 de mayo de 2007 cuando salía de su domicilio y se dirigía a la sede policial donde entendería asuntos relacionados a policías investigados por autoridades federales.
Otro elemento del esquema de seguridad que fue ejecutado por sus acciones en contra del crimen organizado fue el juez tercero de lo penal Ernesto Palacios López, quien el 21 de enero del 2008 fue ejecutado en los límites de los municipios de San Nicolás y Monterrey cuando regresaba a su domicilio.
Del año 2006 a la fecha se han ejecutado en la entidad poco más de 46 elementos de seguridad entre secretarios, directores, policías ministeriales y en general participantes en el combate a la delincuencia organizada.
La etapa más crítica de esta guerra se vivió en el año 2007 cuando 31 policías fueron asesinados por su relación con actividades de la delincuencia organizada.
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